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Artículos periodísticos

José Daniel Ferrer (foto: EFE)
El régimen miente cuando dice mantener en prisión provisional a esas personas por cometer un “delito común”. Y es el propio proceso penal el que los delata

LAS TUNAS. – Un anacronismo jurídico, violatorio de derechos constitucionales recién proclamados el pasado 10 de abril, muestra como en Cuba las leyes se retuercen a conveniencia del régimen cuando de encarcelar a opositores políticos se trata.

Acusados por un presunto delito común, indefensos en prisión provisional “por razones de seguridad estatal”, se encuentran ahora mismo los ciudadanos cubanos José Daniel Ferrer García, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vaillant y José Pupo Chaveco, integrantes todos de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Aprehendidas esas personas el pasado 1ro de octubre, procedimientos de hábeas corpus interpuestos para conseguir su libertad fueron negados por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, esgrimiendo el segundo párrafo del artículo 467 de la Ley de Procedimiento Penal:

“No procede el hábeas corpus en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito.”

Según los jueces, el auto de prisión provisional cumple con la medida cautelar impuesta en el Expediente de Fase Preparatoria (EFP) 135/2019 iniciado el pasado 3 de octubre.

Visto así, las autoridades estarían cumpliendo con los plazos previstos en la Ley de Procedimiento Penal (LPP) para instruir de cargos y procesar judicialmente a una persona, esto es: detención durante 24 horas por la Policía, y, existiendo delito, la autoridad policial entregará las actuaciones y los detenidos al órgano de Instrucción que, en 72 horas, dejará sin efecto la detención o enviará las actuaciones al Fiscal, quien, también en el término de 72 horas, puede imponer a

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