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Artículos periodísticos

Tropas Especiales patrullan las calles de La Habana, septiembre 2020 (foto: Twitter)
Este infame Decreto es inconstitucional. Un plumazo del Primer Ministro ha “reforzado” nuestra condición de ciudadanos de segunda categoría

LA HABANA, Cuba. – El pasado 31 de agosto de 2020 salió publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 44 el Decreto 14 firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. En su artículo 1, ese cuerpo legal define su objeto: “Establecer las infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de La Habana”.

En el artículo 2 se establecen 12 infracciones, por las cuales se impondrán multas de dos o tres mil pesos según sea el caso. Estas causales básicamente retoman las infracciones establecidas en la Resolución 128/20 del Ministro de Salud Pública. Lo hacen con pésima técnica jurídica, al quedar ellas abiertas y sujetas a la interpretación que quieran hacer las autoridades en detrimento de los habaneros.

Esta afirmación se comprueba en causales como la 1), referida al que “dificulte en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente”: También la 11: “Incumpla otras disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias”. Son verdaderos “sacos jurídicos” en los que se puede echar lo que tenga a bien el encargado de resolver.

Las infracciones realmente novedosas son la 10 y la 12, referidas al toque de queda en La Habana. La décima alude al que “permanezca en áreas públicas fuera de los horarios establecidos” (dos mil pesos) y la duodécima: “Circule con el vehículo sin la autorización de “Vía libre” o sin el sello de excepcionalidad, en el horario restringido, de 7:00 pm a 5:00 am, 3 000 pesos, y el retiro de la licencia de circulación y la matrícula”.

Estas infracciones vulneran totalmente el derecho constitucional a la libre movilidad reconocido en el artículo 52 de la carta magna. Por lo tanto, este Decreto 14/20 es inconstitucional y, por ende, ilegal.

Es oportuno aclarar que si Díaz-Canel hubiera ejercido su facultad constitucional prevista en el artículo 128-k en relación al artículo 9 de la Ley 75/94 (Ley de la Defensa Nacional), habría podido decretar el estado de emergencia o situación de desastre en La Habana, estando facultado para limitar derechos constitucionales como el derecho a la libre circulación de las

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