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      Tuesday, Oct 16 2018 - 

Platón:¡ La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo !



Artículos periodísticos

La consultoría económica The Havana Consulting Group adelanta más de una decena de regulaciones que estarían dirigidas a “perfeccionar” el cuentapropismo en Cuba. Pero las nuevas normas prometen mucho más control que ayuda a los trabajadores particulares y la economía cubana en general.

El borrador de una nueva propuesta de regulaciones legales al autoempleo en Cuba contiene más elementos para frenar el desarrollo del sector privadoque para estimularlo, advierte en su publicación bimestral THCG Business Report correspondiente a marzo-abril la consultoría de negocios con sede en Miami The Havana Consulting Group.

El grupo adelanta una buena cantidad de estos proyectos de ley pendientes de aprobación, y concluye que si bien algunos buscan regular razonablemente la indisciplina fiscal y otros problemas reales, “su objetivo principal es frenar la generación y concentración de riquezas por parte de los trabajadores por cuenta propia”, limitando su desempeño y su competición con las empresas estatales.

En agosto de 2017 el gobierno eliminó cinco categorías de trabajo privado y congeló 28, “con el propósito de erradicar los fenómenos negativos detectados y asegurar el desarrollo ulterior de estas formas de gestión en el marco de la legalidad”, según había anunciado Raúl Castro en julio ante la Asamblea Nacional. En la siguiente sesión, en diciembre, el llamado Zar de las Reformas, Marino Murillo, adelantó algunas de las restricciones que se plasmarían en el nuevo código. Pero no con el detalle de este artículo.

Lo positivo y lo negative

La Unidad de Inteligencia de THCG, que firma la pieza, evalúa como positivas algunas de las nuevas directrices, entre ellas las destinadas a recaudar los debidos impuestos y la obligación de tener una cuenta corriente bancaria para llevar a cabo todas las transacciones comerciales, algo que el sistema bancario cubano no había facilitado hasta ahora

También, que los arrendadores de habitaciones y casas puedan alquilar sus servicios a personas jurídicas como los operadores turísticos estatales. Hasta ahora cientos de estos hostales conocidos como casas particulares tenían contratos con entidades del Estado, pero la relación no estaba oficialmente legislada, ya que había un vacío en la ley.

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